Por Frédéric Mousseau, Oakland Institute
Mayo 2019
SUMARIO
El Banco Mundial está lanzando un ataque sin precedentes contra los bienes comunes al presionar por la privatización de las tierras consuetudinarias y públicas y su venta por subasta al mejor postor. El indicador de tierras de las clasificaciones del Banco en Facilitando los Negocios en la Agricultura prescribe reformas de políticas para facilitar el acceso a la tierra para la agroindustria, a expensas de los agricultores familiares, los pastores y los Pueblos Indígenas.
Los efectos de la rápida expansión de agricultura industrial a gran escala para aceite de palma y otros productos han sido devastadores en todo el Sur Global en los últimos años. Se está desplazando a mucha gente de sus tierras y se están destruyendo los medios de vida de millones, contribuyendo al mismo tiempo al cambio climático a través de la deforestación y la destrucción ambiental. La tendencia se ha intensificado desde la crisis alimentaria y financiera de 2008, cuando los altos precios de los productos básicos provocaron un aumento del interés en la agricultura a gran escala para los cultivos de alimentos y biocombustibles. Hoy continúa con millones de hectáreas de bosques, áreas de pastoreo y tierras de cultivo convertidas en plantaciones cada año.
El papel central del Banco Mundial en la expansión de plantaciones agrícolas a gran escala
El Banco Mundial ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de estos acuerdos de tierras a gran escala. Durante años, a través de diferentes mecanismos que incluyen asistencia técnica y servicios de asesoría a gobiernos, condicionalidad de la ayuda y clasificaciones de negocios, el Banco ha alentado reformas regulatorias dirigidas a atraer inversión privada extranjera para el crecimiento económico y el desarrollo. Para 2014, la Corporación Financiera Internacional (CFI), la rama del sector privado del Banco Mundial, estaba administrando 156 proyectos en 34 países por un valor de $ 260 millones para servicios de asesoría para promover el desarrollo del sector privado.
Entre estos esfuerzos, el Banco lanzó en 2013 el proyecto Facilitando los Negocios en la Agricultura (EBA, por sus siglas en inglés) a solicitud del G8, como una de las llamadas “acciones habilitadoras” para la recién formada “Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición”. El objetivo de la EBA es ayudar a crear “políticas que faciliten el hacer negocios en la agricultura y aumenten el atractivo de las inversiones y la competitividad de los países”. Para lograr esto, la EBA identifica la “barreras legales” para los agronegocios y prescribe reformas políticas para eliminarlos. Bajo la orientación del Banco Mundial, los gobiernos deberían, por ejemplo, aflojar las regulaciones sobre semillas y productos fitosanitarios, es decir, fertilizantes y pesticidas. Inicialmente centrado en 12 áreas temáticas, incluidas semillas, fertilizantes, comercio y maquinaria, el último informe de la EBA, publicado en 2017, presentó un nuevo indicador: la tierra.
Más de 3,1 mil millones de personas en todo el mundo —la mitad de la humanidad— dependen de la tierra para su sustento, la mayoría en países en desarrollo. La mayoría de ellos no tienen títulos de propiedad sobre esta tierra; en general, se trata de tierra legalmente estatal o consuetudinaria. En el Sur Global, los recursos naturales como el agua, los bosques, las sabanas, las tierras agrícolas y de pastoreo se utilizan y gestionan a nivel comunitario bajo las leyes consuetudinarias.
Las empresas de agronegocios a veces han tenido éxito en usar el liderazgo tradicional para adquirir tierras tradicionales, como en el caso de SOCFIN en Sierra Leona. Sin embargo, la tierra consuetudinaria generalmente no se considera como una propiedad individual que se puede comprar o vender, sino que se valora como un bien común, un activo ancestral con un profundo significado social y cultural, que debe preservarse para las generaciones futuras.
Esta es la razón por la cual los agricultores, los pastores y los Pueblos Indígenas de todo el mundo han estado resistiendo la toma de sus tierras, protegiendo sus medios de vida y su identidad cultural y social. La resistencia a menudo ha sido enfrentada con represión y violencia por parte de milicias privadas o fuerzas de seguridad del gobierno, que se cobran la vida de cientos de defensores de la tierra cada año.Sin embargo, con protestas y bloqueos, peticiones, recursos administrativos o acciones legales, muchas de estas luchas han tenido éxito en retrasar, interrumpir o paralizar el establecimiento de plantaciones.
El indicador de la tierra EBA: Un ataque sin precedentes en tierra derechos
Para el Banco Mundial, un promotor clave de la agricultura industrial en el Sur Global, esta resistencia es un problema, ya que los derechos tradicionales sobre la tierra se interponen en el modelo de desarrollo económico propuesto por el Banco. Según la institución, “los derechos indocumentados [de la tierra] plantean desafíos y riesgos para los inversionistas” y, en el caso de África, el desarrollo del continente se ve “frenado por la confusión sobre la propiedad de la tierra”.
Esto puede explicar por qué el Banco, con fondos de los gobiernos de EE.UU. y el Reino Unido y la Fundación Bill y Melinda Gates, todos firmes defensores de la agricultura corporativa, se ha embarcado en un esfuerzo nuevo y sin precedentes para abordar el “problema de la tierra” en los países en desarrollo. Al introducir un indicador de tierra en el proyecto EBA, el Banco ha creado un instrumento para prescribir reformas de políticas que facilitarán el acceso a la tierra para la agroindustria. Introducido como piloto en 38 países en 2017, se espera que el indicador de tierra se amplíe a 80 países en el Informe del la EBA 2019. Tal como se detalla en el informe del Instituto Oakland de 2019, El Mejor Postor Se Lo Lleva Todo: El Esquema del Banco Mundial para Privatizar los Bienes Comunes, este indicador clasifica a los países según sus “leyes y regulaciones que afectan el acceso a los mercados de tierras para productores y empresas agrícolas”. La EBA identifica y evalúa las “cargas reglamentarias” que afectan el acceso privado a la tierra. Los puntajes que obtienen los países están destinados a condicionar la ayuda y el dinero de inversión.
Si bien el Banco afirma que su intención es proteger los derechos sobre la tierra y otorgar libertad y equidad en el acceso a la tierra, sus recetas se centran en una agenda totalmente diferente centrada en la promoción de la agricultura industrial a gran escala a expensas de los agricultores familiares, pastores y Pueblos Indígenas. Para regular los acuerdos de tenencia de la tierra de los países y “mejorar la productividad del uso de la tierra”, el Banco solicita a los gobiernos que formalicen los derechos de propiedad privada, faciliten la venta y el arrendamiento de tierras para uso comercial, sistematicen la venta de tierras públicas mediante subasta al mejor postor, y mejorar los procedimientos de expropiación.
Al sugerir que los países de bajos ingresos no gestionen las tierras públicas de manera efectiva, el Banco recomienda la privatización de las tierras públicas como un camino a seguir: los gobiernos deben convertirse en corredores de tierras y ofrecer tierras públicas con “valor económico potencial” a los intereses privados, de modo que la tierra puede ser puesta a su “mejor uso”. El enfoque del Banco, por lo tanto, proporciona una vía legal para aumentar el despojo de tierras, la concentración de tierras y el acaparamiento de tierras. Esta agenda se hace evidente ya que el Banco alienta a los gobiernos a priorizar la formalización de los derechos a la tierra privada en “áreas agrícolas de alto potencial”. El Banco solo considera otras formas de acuerdos de tenencia de la tierra, como la tenencia comunal o consuetudinaria de la tierra, “en áreas rurales con niveles más bajos de potencial agrícola”. Sin embargo, los recursos naturales administrados por la comunidad como tierras de cultivo, agua, bosques y sabanas, son esenciales para el sustento de millones de agricultores familiares, pastores y Pueblos Indígenas. En África, en general son los arreglos habituales que organizan el cultivo y el pastoreo, así como los barbechos y las reservas, la recolección de alimentos silvestres, la madera, la pesca y la caza.
Lea el artículo completo aquí.
El mejor postor se lo lleva todo: El nuevo esquema del Banco Mundial para privatizar tierras en el Sur Global
Por Frédéric Mousseau, Oakland Institute
Mayo 2019
SUMARIO
El Banco Mundial está lanzando un ataque sin precedentes contra los bienes comunes al presionar por la privatización de las tierras consuetudinarias y públicas y su venta por subasta al mejor postor. El indicador de tierras de las clasificaciones del Banco en Facilitando los Negocios en la Agricultura prescribe reformas de políticas para facilitar el acceso a la tierra para la agroindustria, a expensas de los agricultores familiares, los pastores y los Pueblos Indígenas.
Los efectos de la rápida expansión de agricultura industrial a gran escala para aceite de palma y otros productos han sido devastadores en todo el Sur Global en los últimos años. Se está desplazando a mucha gente de sus tierras y se están destruyendo los medios de vida de millones, contribuyendo al mismo tiempo al cambio climático a través de la deforestación y la destrucción ambiental. La tendencia se ha intensificado desde la crisis alimentaria y financiera de 2008, cuando los altos precios de los productos básicos provocaron un aumento del interés en la agricultura a gran escala para los cultivos de alimentos y biocombustibles. Hoy continúa con millones de hectáreas de bosques, áreas de pastoreo y tierras de cultivo convertidas en plantaciones cada año.
El papel central del Banco Mundial en la expansión de plantaciones agrícolas a gran escala
El Banco Mundial ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de estos acuerdos de tierras a gran escala. Durante años, a través de diferentes mecanismos que incluyen asistencia técnica y servicios de asesoría a gobiernos, condicionalidad de la ayuda y clasificaciones de negocios, el Banco ha alentado reformas regulatorias dirigidas a atraer inversión privada extranjera para el crecimiento económico y el desarrollo. Para 2014, la Corporación Financiera Internacional (CFI), la rama del sector privado del Banco Mundial, estaba administrando 156 proyectos en 34 países por un valor de $ 260 millones para servicios de asesoría para promover el desarrollo del sector privado.
Entre estos esfuerzos, el Banco lanzó en 2013 el proyecto Facilitando los Negocios en la Agricultura (EBA, por sus siglas en inglés) a solicitud del G8, como una de las llamadas “acciones habilitadoras” para la recién formada “Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición”. El objetivo de la EBA es ayudar a crear “políticas que faciliten el hacer negocios en la agricultura y aumenten el atractivo de las inversiones y la competitividad de los países”. Para lograr esto, la EBA identifica la “barreras legales” para los agronegocios y prescribe reformas políticas para eliminarlos. Bajo la orientación del Banco Mundial, los gobiernos deberían, por ejemplo, aflojar las regulaciones sobre semillas y productos fitosanitarios, es decir, fertilizantes y pesticidas. Inicialmente centrado en 12 áreas temáticas, incluidas semillas, fertilizantes, comercio y maquinaria, el último informe de la EBA, publicado en 2017, presentó un nuevo indicador: la tierra.
Más de 3,1 mil millones de personas en todo el mundo —la mitad de la humanidad— dependen de la tierra para su sustento, la mayoría en países en desarrollo. La mayoría de ellos no tienen títulos de propiedad sobre esta tierra; en general, se trata de tierra legalmente estatal o consuetudinaria. En el Sur Global, los recursos naturales como el agua, los bosques, las sabanas, las tierras agrícolas y de pastoreo se utilizan y gestionan a nivel comunitario bajo las leyes consuetudinarias.
Las empresas de agronegocios a veces han tenido éxito en usar el liderazgo tradicional para adquirir tierras tradicionales, como en el caso de SOCFIN en Sierra Leona. Sin embargo, la tierra consuetudinaria generalmente no se considera como una propiedad individual que se puede comprar o vender, sino que se valora como un bien común, un activo ancestral con un profundo significado social y cultural, que debe preservarse para las generaciones futuras.
Esta es la razón por la cual los agricultores, los pastores y los Pueblos Indígenas de todo el mundo han estado resistiendo la toma de sus tierras, protegiendo sus medios de vida y su identidad cultural y social. La resistencia a menudo ha sido enfrentada con represión y violencia por parte de milicias privadas o fuerzas de seguridad del gobierno, que se cobran la vida de cientos de defensores de la tierra cada año.Sin embargo, con protestas y bloqueos, peticiones, recursos administrativos o acciones legales, muchas de estas luchas han tenido éxito en retrasar, interrumpir o paralizar el establecimiento de plantaciones.
El indicador de la tierra EBA: Un ataque sin precedentes en tierra derechos
Para el Banco Mundial, un promotor clave de la agricultura industrial en el Sur Global, esta resistencia es un problema, ya que los derechos tradicionales sobre la tierra se interponen en el modelo de desarrollo económico propuesto por el Banco. Según la institución, “los derechos indocumentados [de la tierra] plantean desafíos y riesgos para los inversionistas” y, en el caso de África, el desarrollo del continente se ve “frenado por la confusión sobre la propiedad de la tierra”.
Esto puede explicar por qué el Banco, con fondos de los gobiernos de EE.UU. y el Reino Unido y la Fundación Bill y Melinda Gates, todos firmes defensores de la agricultura corporativa, se ha embarcado en un esfuerzo nuevo y sin precedentes para abordar el “problema de la tierra” en los países en desarrollo. Al introducir un indicador de tierra en el proyecto EBA, el Banco ha creado un instrumento para prescribir reformas de políticas que facilitarán el acceso a la tierra para la agroindustria. Introducido como piloto en 38 países en 2017, se espera que el indicador de tierra se amplíe a 80 países en el Informe del la EBA 2019. Tal como se detalla en el informe del Instituto Oakland de 2019, El Mejor Postor Se Lo Lleva Todo: El Esquema del Banco Mundial para Privatizar los Bienes Comunes, este indicador clasifica a los países según sus “leyes y regulaciones que afectan el acceso a los mercados de tierras para productores y empresas agrícolas”. La EBA identifica y evalúa las “cargas reglamentarias” que afectan el acceso privado a la tierra. Los puntajes que obtienen los países están destinados a condicionar la ayuda y el dinero de inversión.
Si bien el Banco afirma que su intención es proteger los derechos sobre la tierra y otorgar libertad y equidad en el acceso a la tierra, sus recetas se centran en una agenda totalmente diferente centrada en la promoción de la agricultura industrial a gran escala a expensas de los agricultores familiares, pastores y Pueblos Indígenas. Para regular los acuerdos de tenencia de la tierra de los países y “mejorar la productividad del uso de la tierra”, el Banco solicita a los gobiernos que formalicen los derechos de propiedad privada, faciliten la venta y el arrendamiento de tierras para uso comercial, sistematicen la venta de tierras públicas mediante subasta al mejor postor, y mejorar los procedimientos de expropiación.
Al sugerir que los países de bajos ingresos no gestionen las tierras públicas de manera efectiva, el Banco recomienda la privatización de las tierras públicas como un camino a seguir: los gobiernos deben convertirse en corredores de tierras y ofrecer tierras públicas con “valor económico potencial” a los intereses privados, de modo que la tierra puede ser puesta a su “mejor uso”. El enfoque del Banco, por lo tanto, proporciona una vía legal para aumentar el despojo de tierras, la concentración de tierras y el acaparamiento de tierras. Esta agenda se hace evidente ya que el Banco alienta a los gobiernos a priorizar la formalización de los derechos a la tierra privada en “áreas agrícolas de alto potencial”. El Banco solo considera otras formas de acuerdos de tenencia de la tierra, como la tenencia comunal o consuetudinaria de la tierra, “en áreas rurales con niveles más bajos de potencial agrícola”. Sin embargo, los recursos naturales administrados por la comunidad como tierras de cultivo, agua, bosques y sabanas, son esenciales para el sustento de millones de agricultores familiares, pastores y Pueblos Indígenas. En África, en general son los arreglos habituales que organizan el cultivo y el pastoreo, así como los barbechos y las reservas, la recolección de alimentos silvestres, la madera, la pesca y la caza.
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